El último fin de semana ha sido el más violento del año en Tucumán: se contabilizaron seis crímenes, uno cada 10 horas. Y la situación alarma a los ciudadanos, que ya llevan un tiempo afligidos por la inseguridad que se vive en la provincia. A mediados del año pasado, por ejemplo, cuando la pandemia era el tópico de cualquier conversación en cualquier lugar alrededor del mundo, un sondeo demostraba que la mayoría de los tucumanos temía más ser víctima de un asalto que contraer el coronavirus. Lo preocupante es que todo indica que la situación está lejos de mejorar.

El lunes LA GACETA publicó un informe donde se detalla que, en total, “la semana que pasó terminaría con el registro de ocho homicidios” (cifra que podría elevarse, teniendo en cuenta que había dos personas en estado de gravedad) y que “ese número representa más del 15% del total de crímenes en lo que va de 2021, que llegan a 50”.

El titular causó estupor no solo entre los lectores sino también en el ámbito político, ya que varios dirigentes de la oposición alzaron su voz para cuestionar la tarea que llevan adelante las autoridades del área que debiera ocuparse de esta problemática. Ante este contexto, el ministerio de Seguridad dio a conocer a través de los medios que la Policía había logrado esclarecer tres de los homicidios ocurridos el fin de semana.

El martes se conoció un informe de la consultora Sociología y Mercado (titulado “Tucumán, Ciudadanía y Democracia”), que arrojaba un resultado impactante: nueve de cada 10 tucumanos consultados sostuvieron que la seguridad es su principal problema en la actualidad. Muy por detrás se ubicaron el desempleo (un 39% de las respuestas lo puso en el segundo lugar) y más atrás aún, el estado de las calles y de las rutas (12,8%).

De acuerdo con la mirada del especialista en Criminología y coordinador del Área de Seguridad y Derechos Humanos Andhes, Matías Lorenzo Pisarello, ese porcentaje “implica un profundo fracaso de las políticas públicas en la materia”.

Cuando se les preguntó a los encuestados cuáles consideran que son los principales caminos para mejorar la seguridad en la provincia, más de la mitad (el 52,7% y el 55,6%, respectivamente) respondieron que “reformando la policía y la justicia para evitar la corrupción y la complicidad con el delito”; en un tercer lugar (con el 46%) se posicionó la opción del “aumento de las penas para los delitos”.

Ese malestar que comparte una gran parte de la sociedad en cuanto a sentirse desprotegida se ha traducido incontables veces en todavía más violencia. Casos de la llamada justicia por mano propia, “linchamientos” y golpizas a sospechosos en la vía pública se han multiplicado a lo largo de los últimos años. Y los hechos cobran todavía más crudeza cuando se viralizan en las redes sociales.

El ministro de Seguridad, mientras tanto, piensa en su posible integración al gabinete del ministerio del área a nivel nacional. “Podría aportar mucho a la Nación”, dijo a la prensa la semana pasada, cuando la ministra federal del área visitó la provincia y el rumor se hizo más fuerte. Lo cierto es que, en lo que se analiza esa posible transición y se barajan nombres para su reemplazo, el reclamo de los ciudadanos persiste.

Frenar esta oleada de violencia debiera ser una prioridad para las autoridades de los tres poderes del Estado. Implementar acciones en lo inmediato y no seguir dilatando el problema con reuniones burocráticas es lo que reclama la sociedad tucumana, afligida por el avance de la inseguridad.